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Se trata de la misma falacia jurídica que califica los hechos de entonces como crímenes de “lesa humanidad”, cuando el art. 7 de ese Tratado internacional exige para su tipificación que se hayan cometido “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Las organizaciones de DDHH y sus aliados políticos procedieron a instalar el número de 30.000 para los muertos y desaparecidos por la represión como principio dogmático, y a atacar con virulencia a quien se atreviera a ponerlo en duda. Ello, a pesar de lo relevado por los tres informes oficiales: el de la CONADEP, de 1984; el de la Secretaría de DDHH, de 2006; y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), de 2015, que detallan, respectivamente, 8.961, 8.368 y 8.631 casos, cifras que se aproximan a las 8.751 placas del Parque de la Memoria.

Un exmontonero, el licenciado Héctor Leis, doctor en Filosofía y master en Ciencias Políticas, sostiene en su libro póstumo:

“La democracia no se diferenciaba mucho de la dictadura en la cabeza de los jóvenes revolucionarios de los ’60 y ’70, pues ambas eran igualmente ‘burguesas’. Fue después de la derrota política y militar de sus fuerzas, en los ’80, lejos de sus antiguas preocupaciones revolucionarias, que la temática de los derechos humanos sería su vía de acceso al poder. Un conveniente revisionismo histórico daría voz al dolor de las víctimas desde una supuesta verdad histórica que acarrearía nefastas consecuencias. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner manipularon tan brutal como exitosamente la frágil memoria de los años ’70, suprimiendo aquel lado ‘oscuro’ del pasado revolucionario y planteando que los guerrilleros siempre defendieron la democracia y lucharon contra las dictaduras militares, negando el terrorismo encarnado en parte de la sociedad civil, circunscribiéndolo solo al del Estado”.