A quien fungía como fiscal federal subrogante de Dolores, Orlando César Giménez -otro miembro de Justicia Legítima-, le tocó intervenir en la denuncia contra el exvicepresidente de la República, Amado Boudou, por el delito de falsedad ideológica, ya que este había hecho constar en su Documento Nacional de Identidad que su domicilio estaba ubicado en… Un médano.
El fiscal Giménez requirió que la denuncia fuera desestimada por inexistencia de delito, sin siquiera pedir la documentación original del Registro Nacional de las Personas.
La solicitud de desestimación fue acogida en el mes de agosto de 2015 por el juez federal de esa jurisdicción, Alejo Ramos Padilla, también integrante de Justicia Legítima.
A Javier De Luca, que ya era fiscal al asumir Gils Carbó y es uno de los principales ideólogos de Justicia Legítima, le tocó intervenir ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa seguida contra el vicepresidente Amado Boudou por la compra de Ciccone Calcográfica.
Lo hizo dictaminando que, de acuerdo a las constancias de la causa, no había delito alguno que reprocharle, por lo que propuso su sobreseimiento.
Se trata de la misma causa en la que cual se presentaría como arrepentido Alejandro Vanderbroele, confesando ese y otros delitos por parte de Boudou, quien terminaría condenado en la causa “Ciccone”.
El curro de los Derechos Humanos en Argentina 