El realce de la figura del “militante” traía reminiscencias de la participación de la juventud en las organizaciones armadas que desataron la violencia política en los años ’70 en la Argentina.
En esa inteligencia fue creada La Cámpora, agrupación política juvenil de base bautizada con el nombre del expresidente que liberó en 1973 a los terroristas juzgados y encarcelados por el Poder Judicial.
Mientras tanto, el Estado fue concediendo subsidios millonarios -y sigue haciéndolo hasta nuestros días- a varias de las organizaciones de DDHH querellantes o propagandistas, muchas de las cuales cometieron fraudes de fuerte repercusión pública.
Así ocurrió, por ejemplo, en los casos denominados Sueños Compartidos, Universidad de las Madres, mientras que otros mayores como el tema de las indemnizaciones a falsas víctimas todavía permanecen ocultos.
Y, desde la estructura de estas organizaciones y otras que actúan como sostén ideológico de su proyecto político, nació la propuesta de la exportación del concepto de “militancia”, propio del ámbito político, hacia otros espacios del quehacer de la sociedad.
Los medios de comunicación debían ponerse también al servicio del proyecto político en vigencia, esto es, convertirse también ellos en militantes.
En cuanto al ámbito educativo, la justificación de este mismo criterio en los institutos de enseñanza fue, entre otras, el planteo filosófico de la imposibilidad de que el ser humano alcance la imparcialidad en sus juicios, base sobre la cual cabía acusar a todos los periodistas críticos de responder a intereses de “medios concentrados de poder”, involucrando también de ese modo a los empresarios que no se alinearan en el nuevo esquema.
El curro de los Derechos Humanos en Argentina 